La intervención militar en Libia

Año 2004. Tony Blair, de visita en Trípoli, afirma que hay que dar a Libia la bienvenida a la comunidad internacional y mostrar un claro compromiso con el país para “demostrar al mundo que es posible que los países del mundo árabe trabajen mano a mano con los Estados Unidos y el Reino Unido para luchar contra el enemigo común del terrorismo”.

Ha llovido desde entonces. Las revueltas de los países árabes, especialmente mediáticas y exitosas en Egipto y Túnez, tuvieron su eco en Libia, donde prendieron la llama de una revuelta contra el régimen totalitario del General Gadafi. Tras unos días iniciales en que el dictador parecía permanente a punto de caer, la situación se enquista. La revuelta triunfó en el Este del país, en torno a Bengasi y Tobruk, pero no en la capital ni en Sirte, “feudos” tradicionales del dictador. El resultado: el control de Gadafi sobre la mayor parte de las Fuerzas Armadas le permite comenzar a amartillar a los opositores con la fuerza aérea y otros medios militares. Mientras, la comunidad internacional se lo piensa, parece que no va a pasar nada… y de la noche a la mañana, se alcanza el consenso sobre una Resolución de Naciones Unidas (la Resolución 1973) que autoriza el uso de la fuerza. Comienzan los bombardeos para imponer una zona de exclusión aérea que garantice que Gadafi no pueda bombardear a los sublevados.

A partir de aquí se desarrolla el eterno debate sobre si intervenir es bueno, malo o regular. Gran parte de lo que se quiere hacer valer como argumentos no son tales, sino falacias argumentativas o frases vacías que reflejan una posición ideológica de fondo sin molestarse en justificarla con datos o valoraciones. Yo defenderé en este blog que el uso de la fuerza contra el régimen de Gadafi es un uso legal y moral.

Desde el punto de vista del derecho internacional, la cuestión de la legalidad es fácil de dilucidar. La Carta de Naciones Unidas contiene en su artículo 2.4 una prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza con pocas excepciones. Una de esas excepciones es la autorización del uso de la fuerza que realiza el Consejo de Seguridad ante una situación (como la de Libia) que puede amenazar la paz o la seguridad internacionales. La “paz o la seguridad” internacionales, concebidas de forma negativa, no-intervencionista en 1945 cuando se firmó la Carta de San Francisco, han sufrido una evolución doctrinal, como tantos otros conceptos jurídicos, hacia una concepción positiva. Paz no es sólo la ausencia de violencia entre los Estados; es también la ausencia de situaciones de conflicto y de abuso: en este caso, incluye el derecho de una población a no ser privada de sus derechos más fundamentales (la vida) por parte de sus gobernantes de forma arbitraria y contraria al derecho consuetudinario. Por tanto, ante las agresiones de Gadafi utilizando la fuerza aérea contra la rebelión, la decisión del Consejo de Seguridad es legal y legítima. Países tan poco “sospechosos” de intervencionismo pro-occidental como Rusia o China han dado su apoyo. Lo que sí está excluido (explícitamente) es la ocupación de territorio libio por fuerzas armadas extranjeras.

¿Es moral la decisión de usar la fuerza contra Libia? ¿Y cómo no va a serlo? Gadafi no ha respondido con una apertura democrática a las pretensiones legítimas del pueblo libio, sino con el máximo grado de violencia ¿Hay otra alternativa para defender las vidas de quienes se han manifestado libremente a favor de la democracia? ¿Hay otra manera de obligarle a detenerse? No. ¿Es moral permanecer cruzados de brazos simplemente en aras de un principio abstracto –la “no-intervención”- mientras mueren inocentes? ¿Para qué sirven los principios abstractos? ¿No están acaso al servicio de la dignidad de las personas? Parece que nuestra Constitución, en su artículo 10, deja bien claro que la dignidad de la persona, y su vida, deben ser el diapasón que marque el compás de los derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué habría de ser otro el canon en nuestra actuación internacional?

Evidentemente, sería deseable no tener que intervenir; sería perfecto que Gadafi hubiera emprendido reformas y hubiera aceptado desaparecer de la vida pública, después de 42 años en el poder. Pero no ha sido así. Nos cabe una responsabilidad que va más allá de la política y que es directamente humana. Rehuirla en aras de una pretendida pulcritud jurídica no hace bien a nadie. Ojalá otro mundo fuera posible, pero en el aquí y ahora, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y la intervención militar para asegurar la zona de exclusión aérea en Libia es una medida necesaria, legal, moral y justa.

Firmado: Horacio.


Respuesta

Estimado Horacio,

Me gustaría establecer una diferencia inicial entre lo que yo pienso y lo que me dicen que crea sobre este conflicto. Pienso que la defensa de los derechos humanos puede llegar a ser un elemento ancilar en las relaciones internacionales, siempre y cuando los actores civiles sean los únicos encargados de llevar a cabo esa tarea. El mundo está cambiando a pasos agigantados. Los Estados dejaron de ser hace mucho tiempo los únicos actores internacionales;  es la hora de la sociedad civil global.  Sin embargo, lo que me dicen que crea es otra cosa.

Ahora me cuentan que el gobierno libio está violando sistemáticamente los derechos humanos, que había que intervenir para proteger a la población civil indefensa, pero al mismo tiempo yo no dejo de ver  por televisión a rebeldes armados, a combatientes “civiles” capaces de derribar helicópteros o de tomar a sangre y fuego enclaves estratégicos y ciudades. Todo esto es algo muy diferente a lo que ha ocurrido en Túnez o en Egipto, en Yemen, Bahrein o Siria. Digámoslo claramente: Libia está en guerra. Y nosotros hemos tomado partido por uno de los bandos.

Ética, derechos humanos. El problema para los Estado intervinientes a la hora de esgrimir ideas tan totalizadoras es que, por su propia definición, esas ideas son universales y deberían aplicarse con la misma fuerza y determinación en todo el planeta. Pero eso no ocurre. No se ha intervenido por razones humanitarias en decenas de países cuyos gobiernos violan sistemáticamente la declaración universal de los derechos humanos, encarcelando o asesinando a aquellos que se oponen activamente a su régimen, ni siquiera se han suprimido los  acuerdos comerciales suscritos con aquéllos.

Esas palabras tan extraordinariamente maleables son moldes divinos, apariciones mesiánicas e idealistas que dan cobijo a intereses, sí, intereses de muy diverso calado. Porque yo no soy capaz de creer que la fuerza occidental que interviene en Libia lo hace exclusivamente para proteger los derechos humanos. Aquí entran en juego factores que conectan directamente con los intereses nacionales de los Estados intervinientes. Y si no es así, ¿por qué no se interviene en Yemen o en Arabia Saudí?

Si se piensa, la promoción selectiva de los derechos humanos es en sí un acto inmoral, alejado del espíritu de dichos valores. No es que se ataque a Libia porque se carezcan de medios suficientes para intervenir en otras partes del mundo donde también se están violando los derechos humanos, lo cual podría otorgar una legitimidad parcial a la Resolución 1973 (la legitimidad de “no se puede estar en todos los sitios al mismo tiempo”). Si  fuese así, este mundo sería el mejor de los mundos posibles.

Desgraciadamente, los Estados que forman parte de la coalición armada han escogido a Libia por una razón inquietante: porque pueden. Esos Estados, al valorar previamente las consecuencias de la intervención y aceptar su procedencia de un modo arbitrario,  desvirtúan la misma esencia de  los derechos humanos. Y es que éstos ni pueden ni deben ser objeto de valoración junto a otros criterios de oportunidad. Cuando bajan al mundo de las pérdidas y ganancias, cuando forman parte de la cuenta de resultados, los derechos humanos se convierten en esas falacias argumentativas a las que hacías referencia en el post que ahora respondo, querido Horacio, mediante estas palabras. 

Firmado: Belarmino.